Durante toda la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a las autoridades que atendieran el problema del ataque de porros a estudiantes con una petición, casi exigencia, que no terminara fuera de control. “Que no vaya a extenderse hasta el 2 de octubre”, demandó.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, instalaron una mesa para ver cómo se atacaba el problema y se apagaba el fuego. La semana pasada se dieron las reuniones en Bucareli.
La mesa la encabezó el subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena, y asistieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y la secretaria general del Cisen, Jacqueline Moreno. Por la UNAM estuvo el secretario general, Leonardo Lomelí, y los abogados universitarios. Una de las discusiones de fondo fue sobre la jurisdicción.
La UNAM es terreno federal, por lo cual la PGR, argumentaban los universitarios, tenía que atraer el caso. En Gobernación dijeron que al ser un delito del fuero común correspondía a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En todo caso, actuarían todos en un mismo objetivo.
Bajo las instrucciones presidenciales, la Policía Federal detuvo el jueves a dos de los presuntos implicados en el ataque a estudiantes en la explanada de la Rectoría, el lunes.
Los detenidos fueron identificados como Eric y Joel, por presumiblemente participar en el ataque, pero el viernes los liberó la Procuraduría capitalina. La UNAM mostró su inconformidad, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, dijo que seguían investigando pero no fabricarían culpables. Un documento de inteligencia, obtenido por Eje Central, no los ubicaba en los sucesos del lunes pasado, aunque no significa que no estuvieran.
La molestia de las autoridades universitarias es que esperaban que los gobiernos detuvieran a los agresores para que el conflicto en la UNAM no creciera.
Las investigaciones ministeriales continúan, pero hay dos líneas de relevancia que surgieron durante la mesa en Gobernación que no está claro si forman parte de las pesquisas. Se trata de las fuentes de apoyo y financiamiento que reciben los grupos de choque que participaron en el ataque del lunes pasado. Eje Central reveló los nombres de los grupos de choque que participaron, y señaló que históricamente han estado vinculadas al PRI, al PRD y a algunos personajes del PAN del Estado de México.
Durante las mesas en Gobernación surgieron los nombres de los políticos que utilizan de manera regular a porros en los CCH de Azcapotzalco y Naucalpan, de donde se tiene identificado que la mayoría de los agresores tiene su centro de operación.
Uno es Francisco Chiguil, electo diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en 1997, como miembro del PRD, y delegado en Gustavo A. Madero cuando se dio la tragedia en el New’s Divine, donde murieron 11 jóvenes y dos policías.
Como muchos perredistas brincaron a Morena en la última elección, y como candidato a la misma delegación, ganó. Chiguil ha sido protegido de Joel Ortega, quien fue cesado como secretario de Seguridad Pública por el fallido operativo del New’s Divine, y actualmente es asesor de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Pero quien lo llevó a Morena como candidato fue Martí Batres, actual presidente del Senado y uno de los líderes del Consejo Estudiantil Universitario que se enfrentó al rector de la UNAM, Jorge Carpizo, a mediados de los 80.
El otro es el expresidente municipal de Naucalpan, Édgar Olvera, quien acaba de rendir protesta como diputado local en el Estado de México. Olvera es considerado como la cabeza del grupo político panista más poderoso en esa entidad.
Los porros que atacaron a los estudiantes el 3 de septiembre, salieron de Naucalpan en un autobús blanco, que circuló por el Segundo Piso durante 24 kilómetros sin ser detectado por la policía. Las autoridades tienen la placa del camión y su seguimiento a través de las cámaras de seguridad en la capital federal, lo que les permitiría saber quién contrató y pagó por el vehículo que utilizaron para llegar a Ciudad Universitaria y regresar a su punto de origen.
De acuerdo con la investigación de Eje Central, hubo por lo menos cuatro personas más que acudieron a Ciudad Universitaria en dos vehículos, un Vento negro con placas del Estado de México y un Seat vino con placas de la Ciudad de México, desde donde se supervisaron las acciones violentas del grupo que encabezaban, de alrededor de 90 jóvenes, algunos de los cuales escondían en sus mochilas bombas molotov o cohetones. Una de las personas que presuntamente los auxilió fue Jaime Vázquez, que es “indicador”, como se llaman a los informantes, de Rectoría.
Las autoridades tienen un enorme volumen de información que les permitiría acelerar la investigación, pero avanza a marcha lenta. Las instrucciones del presidente y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México son que se solucione lo antes posible el problema y que se detenga a los responsables.
Sobre los materiales, está todo para ir por ellos; sobre los intelectuales, está alumbrado el camino para llegar a ellos y determinar si, en este caso, tienen responsabilidad.
Lo que no puede permitirse es la pasividad y lentitud frente a un escenario de inestabilidad aprovechando a la comunidad estudiantil, aprovechando que se está preparando para celebrar el 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, que concluyó con la Matanza de Tlatelolco, susceptible coyunturalmente a volver a confrontarse con el gobierno.
