Colectivos universitarios de varias instituciones se han pronunciado en los últimos días en contra de la desmesura de clasificar como delincuencia organizada y lavado de dinero los presuntos desvíos de recursos de un grupo de académicos, investigados por la Fiscalía General de la República. Es una expresión más, sólo la última, del desencuentro entre AMLO y la educación superior pública. Todo un signo del presente sexenio.
A mediados de agosto el presidente López Obrador criticó al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Les reprochó que se dedicaran –según él– a formar cuadros para el sector privado. Para eso está el ITAM o el Tec, dijo el mandatario en una mañanera (18/08/21), pero no una institución fondeada con dinero público. Cabe decir que el CIDE se había quedado sin director 15 días antes de esas declaraciones de Andrés Manuel. Y sobra decir que el CIDE es muchas cosas antes que un formador de cuadros del sector privado.
Un cambio de gobierno tan radical como el que se ha propuesto AMLO bien se podría haber traducido en una gran discusión sobre la educación superior pública. Su matrícula, sus objetivos escolares, su desempeño al atender a los que menos opciones tienen, su viabilidad financiera con añosas plantas administrativo-docentes y un presupuesto menguante, los abusos y cacicazgos que se han dado al amparo de las autonomías universitarias, la contaminación por la grilla interna o por la infiltración de los partidos en esos centros de estudios, en fin, el futuro de la universidad en sus diversas modalidades y ámbitos daba para mucho en el marco de un giro hacia un supuesto gobierno de izquierda.
Se detuvo a un capo de la Autónoma de Hidalgo que hacía décadas había secuestrado a esa institución, se ha criticado a grupos que detentan el poder en otras (UdeG), se han adueñado del Canal 11 sin que el otrora rebelde Politécnico diga ni pío, y hablando del IPN hasta por ahí les mandaron un buscapiés para cambiarles ley orgánica. Pero ¿a dónde las propuestas para corregir, modernizar o mejorar?
En cambio, hemos atestiguado descalificaciones al CIDE, como las ya citadas, críticas desde el Conacyt al tipo de investigación “neoliberal” que se hacía, iniciativas para suprimir estímulos a investigadores inscritos en universidades privadas, desaparición de fideicomisos con fines educativos y presiones a investigadores para que se busquen otro trabajo. Finalmente: persecución, y sobre todo estigmatización, de académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por parte de Palacio Nacional y su fiscal carnal.
Frente a esta acometida de Gertz Manero, avalada en público por López Obrador, académicos de varias universidades y centros de estudios han salido a denunciar lo que califican como un despropósito (en buena hora el rector de la UNAM ha alzado la voz al condenar la maniobra de la FGR).
En sus campañas fue todo un hito la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad Universitaria. Pero López Obrador representa para CU, y para el Colegio de México, y la UAM y el CIDE… una cosa muy distinta. Académicos de la UAM, por ejemplo, ya se han quejado de sustanciosas reducciones, por cuestión presupuestal, en las políticas de retiro para docentes que llevan décadas de servicio.
Los acólitos del régimen quieren hacer creer que en las universidades sólo había otra élite a la cual ya tocaba cortarle sus privilegios.
Tenían todo para abrir un gran debate nacional sobre la educación superior y buscar un modelo que atendiera a los más pobres, necesitados, desposeídos. En vez de ello, esta izquierda sólo persigue y descalifica, sin proponer nada.
