A la hora que redacto esta columna no se sabe aún si el Instituto Nacional Electoral sancionará al candidato ganador de Nuevo León por los apoyos en redes sociales de su esposa. Aun sin eso, el tema ha suscitado un debate donde se supone que Samuel García y Mariana Rodríguez son las víctimas. No es así.
La larga historia de la lucha por tener elecciones limpias en México incluyó, desde siempre, no sólo que los votos no fueran robados en la urna o manipulados tras ser emitidos sino que, sobre todo, se respetara al votante. Que éste pudiera conocer en igualdad de circunstancias las propuestas de las y los candidatos en cuestión.
Hoy suena a prehistoria, pero en los 80 nacieron rudimentarios pero efectivos monitoreos de medios electrónicos que evidenciaron que la cobertura “informativa” que recibían los candidatos del PRI era dramáticamente desproporcional a los espacios que se daba a los opositores. Se demostraba, pues, que no había equidad.
Igualmente, era obvio cómo los gobiernos ponían al servicio de los abanderados del tricolor todo tipo de apoyos logísticos.
Con la llegada de las alternancias en los estados, por supuesto, viejas prácticas priistas fueron incorporadas, para mal, por gobernantes que se supone que actuarían de manera distinta.
Por ello nuestras leyes electorales son abigarradas hasta el exceso, dado que se tiene que monitorear todo a todos: propaganda, recursos materiales en las campañas, cobertura mediática que reciben y un largo etcétera.
Ese es el triunfo cultural del PRI y una tragedia para México: una vez que los otros partidos llegaron al poder –gubernaturas, diputaciones o presidencias municipales por igual– se convirtieron en lo que tanto criticaron. Se han vuelto abusivos, tramposos, usan el presupuesto de apoyos en tiempos de Covid para pagar comilonas como se descubrió estos días en Jalisco y, sobre todo, cuando son denunciados por contravenir las normas fingen que son víctimas de una conjura, como ahora Samuel García con la denuncia sobre el apoyo que recibió de su esposa en la campaña.
Como ya mencioné párrafos arriba, nuestra legislación es obsesiva con la fiscalización porque las trampas electorales fueron elevadas a un nivel de refinamiento. Por eso, para quedar muy claros en que sí hizo trampa el gobernador electo de Nuevo León pongamos un ejemplo.
Imaginemos que la esposa del candidato X del partido Y que compite por el puesto Z tiene una empresa de helicópteros. Entonces, como es su cónyuge decide prestarle los aparatejos esos para que vaya y venga en los meses de la campaña. Si los hubiera rentado, por supuesto, habría gastado bastante dinero, pero lo recibió como apoyo familiar y no lo reportó, como era obligado, como aportación. Pues de algo muy parecido a eso están acusando a Samuel y Mariana.
Con sus redes sociales, la esposa del candidato que además se dedica a cobrar por poner mensajes en internet le ayudó al de Movimiento Ciudadano a llegar a mucha gente, casi casi como si hubiera tenido un helicóptero.
En el siglo pasado trampas que hacían inequitativa la competencia se hacían a través de radio y televisión. Hoy las RRSS son tan potentes como los viejos medios. Y lo único que se le pediría a García es que no ofenda a la inteligencia, ni a las verdaderas víctimas, al escudarse en que hay violencia de género en el caso que discuten los órganos electorales sobre sus apoyos por parte de Mariana Rodríguez.
Nuevos medios, viejos trucos para romper equidad, misma cínica actitud por parte de un joven político que no reportó importantes donativos en especie.
