Dado que en México no es esperable que las autoridades castiguen a culpables de un asesinato, en el nuevo ataque mortal contra un periodista –ocurrido ayer en Michoacán– vale la pena intentar algo distinto, así sea para no quedarse, como siempre, en la lamentación por el homicidio de un reportero más.
En nuestro país matan periodistas por la misma razón por la que matan personas a niveles de epidemia: porque –en todos los sentidos– sale muy barato asesinar.
Treinta mil homicidios dolosos anualmente muestran lo fácil que resulta conseguir un arma, e incluso conseguir quien la empuñe, para eliminar a alguien. Lo realmente difícil es obtener justicia tras un crimen. Casos tristemente emblemáticos, como el de la joven Silvia Vargas, demuestran que toma años medio lograr que se castigue un asesinato.
Este lunes, último día de enero de 2022, asesinaron al cuarto periodista de lo que va del año. Roberto Toledo, reportero michoacano, fue muerto a balazos ayer. Con él cierra un mes maldito para la prensa, pero con él no acabarán los asesinatos de periodistas. A menos de que algo cambie. Y dado que al Presidente nada-nada-nada le gusta más que ser maestro de ceremonias –bueno sí, hablar le gusta más– en Palacio Nacional, pues qué tal proponerle un Quién es quién en la investigación de los asesinatos de los periodistas.
Como Morena ha ido ganando gobiernos estatales, hoy tenemos la siguiente realidad: los cuatro periodistas asesinados en 2022 han caído en estados gobernados –es un decir– por militantes del movimiento del presidente López Obrador: Veracruz, Baja California y Michoacán.
Por ello, el tabasqueño tendría no sólo la obligación –en tanto jefe del Estado– de velar para que la libertad de expresión no sea cancelada a balazos en ninguna parte del país, sino el interés por demostrar que Morena es diferente, y que por tanto las investigaciones de estos asesinatos no se empantanarán en los vericuetos de fiscalías locales o federal.
Así como en lo peor de la pandemia se hacían en la mañanera enlaces para notificar la llegada de un embarque de vacunas, el Presidente podría enlazar cada miércoles a diferentes autoridades para mostrar avances en el Quién es quién en la investigación de los 29 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio.
Sobra decir que tal formato debería salvaguardar el debido proceso. Pero lo que no sobra decir es que es precisamente por la impunidad, porque los casos quedan en el olvido; porque los expedientes se llenan de polvo, no de diligencias ministeriales puntualmente ejecutadas; porque el gobierno federal no muestra sentido de urgencia que estos asesinatos, y decenas de miles más, parecen normales y salen baratos a sus autores.
El Quién es quién serviría para meter presión a las y los gobernadores a fin de evitar que estos delitos queden sin castigo.
Matar a un periodista es tan grave como a un carpintero o una médica. Pero si al matar a un reportero quisieron dejar sin información a una comunidad, o sin escrutinio a una persona poderosa, se lograría un efecto positivo extra si Palacio da seguimiento semanal a las indagatorias de estos delitos: eventualmente todos los homicidas recibirán el mensaje de que no es barato silenciar a nadie, periodista o no.
Sin presión por parte del Presidente, los gobiernos estatales no avanzarán. Y como a AMLO le encanta balconear, pues aquí tiene una gran agenda para exhibir a autoridades lerdas u omisas. Y de paso quizás entienda, el Presidente, que la prensa no necesita que él la evalúe, sino que él asuma su responsabilidad.
