Jueza condena a exsecretario adjunto del PRI a 3 años de prisión

Además deberá pagar la cantidad de 35 mil pesos como reparación del daño
Además deberá pagar la cantidad de 35 mil pesos como reparación del daño
Audiencia.Además deberá pagar la cantidad de 35 mil pesos como reparación del daño
Samuel García
Samuel García
2019-05-13 |20:36 Hrs.Actualización20:36 Hrs.
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Porque está acusado de desviar casi dos millones de pesos

El exsecretario general adjunto del PRI a nivel nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue condenado este lunes a tres años de prisión con el beneficio de la libertad condicional, tras ser hallado culpable del delito de peculado agravado por el desvío de un millón 740 mil pesos del erario de Chihuahua.

A la condena le restarán los ocho meses y 25 días que el empresario permaneció sometido a la medida cautelar de prisión preventiva mientras enfrentaba el proceso legal, dio a conocer la jueza Juana Gabriela Córdova, quien dio lectura a la sentencia durante la audiencia de Individualización de Sanciones.

El Tribunal de Enjuiciamiento determinó también que deberá pagar la cantidad de 35 mil pesos, como reparación del daño ocasionado.

La jueza desestimó la petición de la representación de la Fiscalía General del Estado, que solicitaba una pena de nueve años de prisión para el exsenador priista por Coahuila, al considerar que fue beneficiario directo del desvío, toda vez que parte del dinero fue depositado en sus cuentas personales.

Además, el ministerio público lo acusó de “faltar el respeto a la autoridad”, al organizar ruedas de prensa para denostarlos y señalar que su sentencia obedecía más a motivos políticos, que jurídicos.

De acuerdo con la sentencia, Gutiérrez Gutiérrez, que fue detenido el 20 de diciembre de 2017 en el aeropuerto de Saltillo, recibió un millón 740 mil pesos a través de las empresas Jet Combustibles S.A. de C.V. y Promotora de Señalamiento Integral S.A. de C.V., con las que facturó por servicios que nunca fueron prestados al Gobierno de Chihuahua.

Dichos desvíos fueron cometidos entre el 20 y 23 de diciembre de 2015 durante la administración del entonces gobernador César Duarte.