El condicionamiento lopezobradorista a la Cumbre de las Américas, el tema diplomático que acaparó atención mediática en las últimas semanas no es, ni por mucho, el asunto en el que más ha trabajado la diplomacia mexicana en ese mismo periodo.
Es cierto que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, prácticamente ha mudado su despacho a Palacio Nacional. Pero no es el único. Otro que no sale de ahí es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
Lo que está ocurriendo en la residencia presidencial surge del saldo mixto que tuvo Andrés Manuel López Obrador en sus intentos de abril por establecer nuevas reglas en el mercado energético.
Pues si bien la reforma eléctrica lopezobradorista fue sepultada por la oposición en el Legislativo, Arturo Zaldívar se allanó (otra vez) frente a AMLO al hacer que la Suprema Corte diera margen constitucional a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
El Poder Judicial creó un limbo legal que supone un dolor de cabeza para las empresas, pues se generó la idea –a favor del gobierno– de que cada contrato puede ser litigado por el Ejecutivo. Expertos comentan que esa resolución no es retroactiva, pero la administración usará la bendición de la Suprema a la LIE como una espada de Damocles.
Y a partir de la resolución de Zaldívar and friends algunas grandes empresas han iniciado un camino marcado por la pragmática tradición de que más vale un mal arreglo que un buen pleito.
De ahí que a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y a Ebrard les haya caído la chamba de encontrar la fórmula para que contratos de grandes empresas, nacionales y extranjeras y no sólo del ramo energético, ajusten sus operaciones a lo que le hubiera gustado a Andrés Manuel si su iniciativa de ley no hubiera sido bateada en San Lázaro hace seis semanas.
En esas negociaciones con grandes corporativos, AMLO pretende reconfigurar el mercado energético caso por caso. Ayer el Presidente reconoció eso, que ya medio había adelantado con sus fotografías de la semana pasada donde aparece en Palacio con diversos directivos de empresas estadounidenses.
Hasta el lunes iban nueve reuniones con igual número de empresas norteamericanas. En cada una de las negociaciones se busca hacer un esquema a la medida sobre cómo ajustarse a la “nueva realidad”.
El canciller y su subsecretario, Roberto Velasco, han estado en todas ellas, y la otra funcionaria del gabinete que también llevaba ese récord es la secretaria de Energía, Rocío Nahle. En ocasiones se suman Adán Augusto y el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett.
Para ayer estaban programadas otras cinco reuniones. De momento, además de las empresas de Estados Unidos se han incluido también algunas de Canadá, en un esquema que se prefiguró en la visita, hace meses, de John Kerry, representante de Estados Unidos para el cambio climático.
Este reordenamiento podría generar nuevas inversiones privadas, sí, pero también es una mala noticia: en vez de mandar el mensaje de que somos un país donde todo mundo se atiene a una ley general, ahora hay que lidiar con una discrecionalidad que incluye atemperar el humor de Bartlett –que no oculta su animadversión contra extranjeros o contra cualquier empresa que no accede de inmediato a irse a la CFE porque, pequeño detalle, tiene contratos con terceros que debe honrar o pagar las consecuencias–.
Como sucedió en renegociaciones de ductos y carreteras, esta política puede que dé al gobierno recursos, pero castiga la certidumbre jurídica del país. Así Ken y Marcelo se la pasen renegociando esos contratos.
